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| Berta Cáceres foto : La Tribuna |
El choque.
Este 3 de marzo
del 2016, un día negro para todos los defensores de los derechos humanos y del
medio ambiente cuando nos cayó encima la terrible noticia: asesinaron a Berta
Cáceres, símbolo de la defensa de los derechos humanos, símbolo de la resistencia
de los pueblos nativos, símbolo de las mujeres luchadoras y símbolo de la
defensa del medio-ambiente.
Las reacciones.
Desde el 3 por la
tarde, la noticia irrumpió en las redes sociales como relámpago, el día
siguiente decenas de artículos salieron en la prensa latino americana y también
en la prensa internacionales. Entre los defensores de los derechos humanos, del
medio ambiente y de los pueblos nativos, la información provocó una inmensa emoción, la consternación, la rabia y
el total repudio de este crimen abyecto. Esas reacciones instaron también
artículos condescendientes y lagrimas de cocodrilo en la prensa oficial
hondureña.
Desde el día 4 de
marzo se organizaron plantones y manifestaciones de solidaridad frente a las
embajadas de Honduras en varios países, México, Nicaragua, Guatemala, Colombia,
Ecuador, Cuba.
En Francia, el
homenaje se realizó el sábado 5 a partir de las 7PM, igualmente frente a la
embajada de Honduras, duró un poco más de una hora hasta que la policía nos
obligó a abandonar el sitio. Participaron varias organizaciones de Francia
(Idle No More, France-Amérique Latine (FAL), Comité de Solidaridad con
Cajamarca, Colectivo Honduras).
Quien era Berta Cáceres.
Berta Isabel Cáceres Flores nació el 4 de marzo 1973 en el municipio La Esperanza, su madre Berta Flores era partera y enfermera y sobretodo enseñó a su hija el sentido del compromiso político y social con su comunidad, ya que fue alcaldesa y organizó la acogida de las refugiadas salvadoreñas durante la guerra civil en el país vecino.
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| Berta y su madre |
Berta se graduó
de maestra y en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH). En sus 22 años de trabajo al frente del COPINH,
Berta fue reconocida por diversas organizaciones étnicas y ambientalistas
dentro y fuera de Honduras, como una valiosa impulsora de la defensa del medio-ambiente,
de la vida y de los pueblos autóctonos. Berta colaboraba también con la
coordinación Nacional de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de
Honduras (PMSPH). En el 2009, Berta participó activamente en la resistencia
contra el golpe que derrocó al presidente democráticamente electo, José Manuel
Zelaya.
Sus compromisos políticos, sociales, su aporte a favor de los derechos humanos y de la defensa de la naturaleza hicieron que Berta adquirió un reconocimiento internacional y fue galardonada con varios premios, En 2012, con el Premio Shalom en Alemania, premio que se otorga a personas o iniciativas que defienden los derechos humanos y luchan por la justicia. En 2014, Berta fue finalista del Premio Front Line Defenders en Irlanda y en 2015, fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.
2015 - Goldman Environmental Prize
También, Berta
era una madre y tenía 4 hijos.
La resistencia contra los proyectos de represas.
La lucha empezó
en el 2006, cuando maquinaria pesada entró en el territorio de la comunidad
Lenca de Rio Blanco, nadie estaba informado, no hubo ninguna consulta previa y
la comunidad se enteró así de la existencia de un proyecto hidroeléctrico en su
territorio. El proyecto de la represa de Agua Zarca fue decidido en Tegucigalpa
por el gobierno que otorgó la concesión a la empresa hondureña Desarrollos
Energéticos SA, DESA, que tenía como subcontratista a la compañía china
Sinohydro.
Los comuneros de
la zona tomaron contacto con el COPINH, Berta recibió los mandatos para dirigir
una campaña de resistencia en contra del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.
Interpuso demandas a las autoridades gubernamentales, viajó a la capital Tegucigalpa
acompañada de miembros de la comunidad. Junto con la comunidad, Berta lideró
protestas pacificas y organizó
asambleas, consultas y votaciones en las cuales la población de Río Blanco rechazó
la represa.
La campaña también buscó el apoyo de la comunidad internacional, presentando el caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y haciendo apelaciones en contra de los financistas del proyecto, como por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional (CFI), rama financiera del sector privado del Banco Mundial.
Sin embargo, el
gobierno nacional y algunas autoridades locales seguían avanzando en sus
planes. Organizaron consultas manipuladas para presentar una falsa imagen de
aprobación unánime de la represa, y ofrecieron dinero en efectivo a personas de
la comunidad, a cambio de sus firmas en documentos en los que declaraban su
apoyo al proyecto.
El 24 agosto del
2009 -el gobierno de facto después del golpe de Estado aprobó la Ley General de
Aguas que otorgaba la privatización de los recursos hídricos y además, aprobó
el decreto 233 que derogaba todos los anteriores decretos que prohibían
proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas.
El 9 de Septiembre
de 2010, el gobierno hondureño volvió a contratar a la misma empresa DESA por la
construcción del proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca, también en el mismo
periodo se aprobaron 40 otros proyectos hidroeléctricos en su mayoría para
suministrar energía a los múltiples proyectos mineros (30% del territorio
hondureño esta concesionado por la mega-minería).
DESA consigue un financiamiento
internacional para este proyecto de 21 MW,
le FINNFUND (Finlandia) con 5 millones de dólares, el banco Holandés con
15 millones y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) con 24,4
millones.
En 2013, las
comunidades organizaron el bloqueo de una carretera para impedir a DESA el
acceso a sus instalaciones y paralizar la construcción de la represa. El pueblo
Lenca mantuvo una presencia determinada y pacífica, organizando turnos para
mantener el bloqueo durante más de un año, el bloqueo resistió a los múltiples
intentos de desalojo y a las violentas arremetidas por parte de grupos de
seguridad militarizada, de la policía y de las fuerzas armadas. A final del año
2013, la empresa china Sinohydro rompió el contrato con DESA y salió del
proyecto.
Amenazas de muerte, asesinatos y violencias.
El contexto de
Honduras.
Según el informe
de Human Right Watch del 2015, Honduras tiene un índice de criminalidad
y de impunidad entre los más alto al nivel mundial, La respuesta de las
instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida
ineficaz y sigue estando plagadas por hechos de corrupción y abusos. Los
periodistas y los activistas sociales y ambientalistas son particularmente
vulnerables a la violencia, pero el gobierno por lo general no juzga a los
responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo. Más de 150
activistas del mundo rural y 30 periodistas fueron asesinados estos 5 últimos
años.
Según el informe
"¿Cuántos más?”, elaborado en 2014 por la ONG Global Witness, 111
activistas ambientalistas fueron asesinados en Honduras entre 2002 y 2014.
En un informe del
2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos calculó que había una muerte
violenta cada 74 minutos en un país de ocho millones de habitantes, o sea, la
tasa de homicidios más alta del mundo per cápita.
El contexto de
la resistencia contra los proyectos hidroeléctricos.
El 14 de julio
del 2013, Tomás García, dirigente de la comunidad Lenca y miembro del COPINH
muere a consecuencia de un disparo de un oficial del ejército durante un
operativo pacifico contra el proyecto de represa.
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| Tomás García, asesinado en Julio del 2013 |
En un contexto de violencia generalizada tal
como lo vive Honduras, parece totalmente obvio que una activista como Berta Cáceres,
con tantos compromisos sociales y medio-ambientales, tenía que convivir con
permanentes amenazas por su vida y la vida de sus familiares. De hechos, Berta fue
amenazada de muerte en varias ocasiones y lo denunció públicamente. Por esa
razón gozaba de medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH - MC 196/09 del 9 de junio 2009).
En una entrevista,
la madre de Berta dijo “siempre Berta fue perseguida y que hace pocos días
había sido amenazada debido a que denunció el inicio de la construcción de una
represa en un sector de Santa Bárbara, adonde también fue detenida y tuvo un
altercado con los militares”.
Pese a las primeras
declaraciones del gobierno de Honduras que atribuye la muerte de Berta a unos delincuentes
comunes, no podemos desvincular este asesinato de las múltiples y repetidas amenazas
de muerte que recibió Berta a consecuencias de su compromiso contra los
proyectos de represa. Para sus
familiares no cabe duda, la muerte de Berta está vinculada con sus compromisos.
En una entrevista
al noticiero alternativo Desinformémonos, Berta Isabel, hija de Berta Cáceres, responsabiliza
directamente a todos los promotores del proyecto de represa Agua Zarca, no sólo
la empresa DESA constructora de la represa, sino también al gobierno hondureño,
a las organizaciones internacionales como USAID que apoyan estos proyectos y al
sistema financiero internacional (en este caso , el Banco Holandés, el Banco
Finlandés y el BCIE) que los financian, para ella no cabe duda sobre quienes
instigaron este horrible crimen. También, Berta Isabel denuncia las políticas
extractivistas que están acabando con los pueblos nativos y el medio-ambiente
en todo el continente (ver enlace).
Como lo expresa
Berta Isabel, debemos actuar para obstaculizar el financiamiento de esos proyectos
mortíferos por los bancos y las instituciones financieras internacionales cuyas
sedes sociales se ubican en Europa, EEUU o Japón.
Conclusión.
La muerte de
Berta Cáceres aparece como un paso más en las políticas de terror implementadas
en América Latina para imponer los proyectos extractivistas. Se está
generalizando la negación de la consulta previa, libre e informada de los
pueblos autóctonos en todos los países que ratificaron el convenio 169 de la
OIT. Los Estados participan directamente en esas políticas de imposición por la
fuerza, con sus servicios de inteligencia, sus policías o sus fuerzas armadas.
También, mantienen y arman, en la sombra, a grupos paramilitares para poder
mantener este clima de terror sin tener que implicarse directamente. Se está
generalizando la militarización de la sociedad y en particular en las aéreas
donde existen conflictos socio-ambientales. Al nivel judicial, se están
multiplicando los decretos y leyes para favorecer los proyectos y poder
criminalizar a los opositores, a veces en violación del proprio derecho
constitucional. Al nivel mundial, las grandes instituciones financieras, los
bancos y en particular el banco mundial siguen apoyando y financiando estos
proyectos ilegales que están acabando con la biodiversidad, el medio-ambiente y
los pueblos autóctonos.
El terrorismo extractivista es el nuevo fundamento del terrorismo de Estado
en América Latina.
