Las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 7 de mayo de 2014, a favor de 46 dirigentes en la lucha contra el proyecto minero Conga, fueron presentadas el jueves, en Cajamarca, en conferencia de prensa realizada en el local del restaurante Zarko, por Ydelso Hernández y Segundo Perez, dirigentes de la CUNAARP, en presencia de Manuel Ramos y de la abogada Zulma Villa Vilchez.
También estuvieron presentes para la ocasión delegados de las rondas campesinas de Bambamarca y Celendín, así como Isidora Chaupe, en representación de su familia.
Hernández, presidente de la CUNAARP, hizo una recapitulación de las demandas presentadas contra el gobierno peruano ante la CIDH y de los hechos que van desde la agresión inicial a los pobladores por parte de la policía, el 29 de noviembre de 2011, con un saldo de 28 heridos, hasta los constantes hostigamientos a la familia Chaupe en marzo de este año.
La abogada Villa Vilchez explicó que las medidas cautelares a favor de 46 dirigentes, en su condición de representantes del pueblo, son mandatos que el gobierno peruano deberá de cumplir para garantizar la vida y la integridad física de esos dirigentes. El gobierno peruano tiene 15 días de plazo para responder a este mandato de la CIDH.
Entre los 46 beneficiados de las medidas se encuentran los miembros de la familia Chaupe, el periodista César Estrada, y los dirigentes Edy Benavides, Milton Sánchez, Nicanor Alvarado, Manuel Ramos, Ydelso Hernández, Segundo Pérez y Luis Mayta, entre otros.
Las medidas cautelares dictadas por la CIDDHH son una victoria histórica frente al Estado peruano puesto que buscan garantizar la vida de dirigentes como representantes de su pueblo.
Se trata de un primer mecanismo, presentado por la CUNAARP y la abogada Villa Vílchez en diciembre de 2011. El segundo mecanismo, aún pendiente de resolución, lanzado en abril de 2012, busca una decisión sobre la presencia ilegal de la minera Yanacocha en el territorio de las lagunas de Conga.
Las rondas campesinas, con la CUNAARP, se reunieron luego en la ciudad de Cajamarca para ver qué medidas cautelares serán presentadas al Estado peruano para su cumplimiento. Una de ellas será de todas maneras el archivamiento de las denuncias contra los dirigentes.
Con información de Raquel Neyra (Servindi - Aldeah)
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También estuvieron presentes para la ocasión delegados de las rondas campesinas de Bambamarca y Celendín, así como Isidora Chaupe, en representación de su familia.
Hernández, presidente de la CUNAARP, hizo una recapitulación de las demandas presentadas contra el gobierno peruano ante la CIDH y de los hechos que van desde la agresión inicial a los pobladores por parte de la policía, el 29 de noviembre de 2011, con un saldo de 28 heridos, hasta los constantes hostigamientos a la familia Chaupe en marzo de este año.
La abogada Villa Vilchez explicó que las medidas cautelares a favor de 46 dirigentes, en su condición de representantes del pueblo, son mandatos que el gobierno peruano deberá de cumplir para garantizar la vida y la integridad física de esos dirigentes. El gobierno peruano tiene 15 días de plazo para responder a este mandato de la CIDH.
Entre los 46 beneficiados de las medidas se encuentran los miembros de la familia Chaupe, el periodista César Estrada, y los dirigentes Edy Benavides, Milton Sánchez, Nicanor Alvarado, Manuel Ramos, Ydelso Hernández, Segundo Pérez y Luis Mayta, entre otros.
Las medidas cautelares dictadas por la CIDDHH son una victoria histórica frente al Estado peruano puesto que buscan garantizar la vida de dirigentes como representantes de su pueblo.
Se trata de un primer mecanismo, presentado por la CUNAARP y la abogada Villa Vílchez en diciembre de 2011. El segundo mecanismo, aún pendiente de resolución, lanzado en abril de 2012, busca una decisión sobre la presencia ilegal de la minera Yanacocha en el territorio de las lagunas de Conga.
Las rondas campesinas, con la CUNAARP, se reunieron luego en la ciudad de Cajamarca para ver qué medidas cautelares serán presentadas al Estado peruano para su cumplimiento. Una de ellas será de todas maneras el archivamiento de las denuncias contra los dirigentes.
Con información de Raquel Neyra (Servindi - Aldeah)
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